Los artículos 92 fracción X, 109 fracción II y 122 del Código Civil del Estado, no atentan contra el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues dicho derecho no es una patente para violar las disposiciones legales, para violentar las instituciones o para hacer todo aquello que venga en gana al individuo independientemente del daño o perjuicio que pueda causar a otras personas. Debe rechazarse la opinión de que una persona pueda decidir cómo realizar su proyecto de vida de manera autónoma cuando se ha comprometido previamente en un matrimonio sujeto a disposiciones legales perfectamente establecidas, por virtud de las cuales es incompatible con otra unión matrimonial y la regulación de dicha institución no constituye una injerencia arbitraria del Estado. Además de los razonamientos expuestos, la vinculación del texto constitucional local en su artículo primero y la legislación del Estado, con las disposiciones de la Constitución federal que en su artículo 121 garantiza la validez de los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, permite afirmar que el legislador local actúa dentro del marco constitucional federal vinculado al que rige en las entidades federativas, de modo que las regulaciones en materia de nulidad del matrimonio contraído sin la disolución de un vínculo matrimonial anterior, se encuentran protegidos por la Constitución Federal y no podría argumentarse que el artículo de la Constitución local abre la puerta a la validez de matrimonios contraídos sucesivamente sin haberse disuelto un vínculo matrimonial anterior. Que una conducta no esté expresamente prohibida por la Constitución o los Tratados Internacionales no significa que esté permitida. La Constitución no prohíbe expresamente engañar a alguien para obtener un lucro indebido; tampoco prohíbe expresamente conducir un vehículo sin la licencia correspondiente. Se entiende que lo que no está jurídicamente prohibido, está permitido en tanto el adverbio jurídicamente implica a todo el orden jurídico en diferentes niveles de normatividad. Eventualmente una prohibición irracional, desproporcionada o injustificada puede resultar inconstitucional; pero a la luz de los argumentos que hemos expuesto el hecho de que la celebración de un matrimonio por una misma persona que se encuentra vinculada previamente a otro matrimonio no disuelto, dé lugar a las consecuencias jurídicas previstas en el Código Civil, no constituye una injerencia arbitraria del Estado. Estas consecuencias no parten de una prohibición explícita de la celebración de un segundo matrimonio por el Código Civil, es más, podría decirse que en el ejercicio de una libertad entendida en una dimensión excesivamente amplia, la persona que contrae el segundo matrimonio ejerce la mencionada libertad pero no puede eludir las consecuencias jurídicas de su ejercicio ilícito; tal consecuencia es la anulación del segundo matrimonio.




Localización. - Núm. de Registro: 09-018001 | Precedente no obligatorio | Sala Constitucional | Constitucional | Núm. de Boletín Judicial: 003/2018 | Fecha de publicación: 6 de marzo de 2018 | 8:50 am

 
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